La delegada de Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Aurora Barbero, ha hecho hoy balance de este departamento, poniendo en alza el trabajo que realizan la Red Provincial de los Puntos de Información al Consumidor (PIC) y el papel que desempeña la Junta Arbitral de Consumo.
Barbero ha destacado que, “en el marco del Plan Impulso que puso en marcha este equipo de gobierno a principios del mandato, una de las líneas era 'Córdoba Participativa', y en este marco desde la Delegación de Consumo pusimos a disposición del consumidor estas dos herramientas que, no solo benefician a título particular, también redundan a la sociedad en su conjunto”. “Las personas comienzan a tomar decisiones en cuestiones pequeñas, a nivel personal y poco a poco se sienten más capaces de analizar otras y tomar responsabilidades”, ha señalado.
En lo referente a los PIC, la diputada ha informado de que en el 2016 se amplió el número de estos Puntos de Información al Consumidor, pasando de 28 a 31, con actuación en 51 municipios de la provincia (de forma directa en 31 de ellos y en los 17 restantes como un servicio alternativo).
Según datos de la Delegación de Consumo, en el año 2018 se han gestionado 2.537 actuaciones, con la siguiente distribución: 1.732 consultas atendidas; tramitadas 742 reclamaciones, 38 quejas y 25 denuncias; y 433 mediaciones realizadas dentro de los expedientes de reclamación citados.
El 91,40% de las actuaciones son presenciales, es decir, que la persona consumidora acude al PIC para exponer su consulta o gestionar una reclamación. “Esta atención cercana es muy bien valorada por los consumidores en general, por la calidad que le ofrece el técnico/a y la eficacia del servicio”, ha subrayado la diputada.
En cuanto al perfil de la persona que solicita asesoramiento en estos Puntos, suele ser un adulto de edad comprendida entre los 35 y 55 años; un 51,64% hombres y un 74,62% mujeres. El sector eléctrico, el de las telecomunicaciones y los servicios bancarios y de seguros es el más reclamado. En este sentido, las consultas o quejas se refieren al mal funcionamiento de los contadores y la desinformación sobre los servicios adicionales al contrato principal del suministro eléctrico, entre otras.
En lo que respecta al Sistema Arbitral de Consumo, Barbero ha insistido en que “se trata de un servicio público que la Diputación de Córdoba, en colaboración con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, y organizaciones empresariales, pone a disposición de la ciudadanía para resolver las controversias que surjan en materia de consumo”. “No puede ser solicitado por las empresas o profesionales, ni para resolver conflictos entre ellos ni con sus clientes”, ha recalcado la diputada, quien ha incidido también en que “es voluntario, vinculante, rápido, eficaz y económico”.
Según las cifras de la actividad del Sistema Arbitral de Consumo, el número de solicitudes ha sido de 312, disminuyendo con respecto al ejercicio anterior un 24,63% (414 solicitudes en 2017), “esto es debido a que se está resolviendo un mayor número de reclamaciones en la fase de mediación en los distintos puntos de información al consumidor, y el conflicto no llega al arbitraje”, según Barbero.
De estos 312 expedientes, se han archivado 262, quedando pendientes solicitudes que se finalizarán en este primer trimestre, “por lo que el arbitraje está siendo un sistema alternativo de resolución de conflictos en materia de consumo, rápido y eficaz”, ha redundado la diputada. El sector de actividad más reclamado es el de telefonía móvil y fija, al que le siguen el bancario y de seguros, y el del pequeño comercio, así como el eléctrico.
Para finalizar, Barbero ha incidido en la importante labor de las OMICs y PICs de la provincia de Córdoba, “ya que son los cauces que utilizan las personas consumidoras para presentar la solicitud de arbitraje de forma presencial” “El ciudadano opta por la cercanía, la profesionalidad y el asesoramiento de estos organismos, para presentar y tramitar la solicitud de arbitraje”, ha resaltado.
Asimismo, ha valorado que “el trabajo que se viene desarrollando en los últimos años desde la Junta Arbitral Provincial de Consumo es positivo y es por ello que desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se propuso en 2018 que ésta formara parte del órgano sectorial del Servicio Eléctrico del Consejo Andaluz de Consumo y también del grupo de trabajo de Arbitraje y Resolución de Conflictos del Consejo Andaluz de Consumo”.
