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La Red Provincial de Puntos de Información al Consumidor de la Diputación tramita 2.983 expedientes en 2016 y la Junta Arbitral de Consumo 636.

20 · febrero · 2017 | Memorias e Informes

    La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Consumo y Participación Ciudadana, ha presentado el balance de la actividad registrada en 2016 a través de la Red Provincial de Puntos de Información al Consumidor, PICs, y la Junta Arbitral de Consumo, destacando que han sido 2.983 y 636 los expedientes tramitados, respectivamente.

    En cuanto a la Junta Arbitral de Consumo, las solicitudes han supuesto un incremento del 3,4 por ciento respecto al pasado año. De los 636 se han resuelto 539, quedando pendientes 97, que se finalizarán en este primer trimestre de 2017. En este sentido, la delegada del área de Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Aurora Barbero, ha destacado que “el Sistema Arbitral de Consumo de la Diputación de Córdoba está siendo un sistema alternativo de resolución de conflictos en materia de consumo, rápido y eficaz”.

    De los expedientes resueltos por esta Junta Arbitral, el 61,35 por ciento se han resuelto por laudo arbitral; y el 72% han sido estimatorios o estimatorios parciales para el consumidor, principalmente en el sector de telecomunicaciones; y el 38,65%,  por mediación.

    El sector más reclamado, al igual que en ejercicios anteriores, es el de telefonía móvil con 257 solicitudes, un 40,40 por ciento, y fija, con 60 solicitudes, un 9,43 por ciento. Aurora Barbero ha explicado que “esta circunstancia es muy normal ya que vivimos en una sociedad donde la comunicación e información es fundamental; en la mayoría de los hogares se contrata telefonía fija, Internet y varías líneas móviles. Suelen ser contratos a distancia donde no queda bien detallado y documentado las condiciones del contrato, los servicios y las tarifas contratada, produciendo con posterioridad reclamaciones al facturarse servicios y tarifas no contratadas”.

    Del mismo modo, la delegada de Consumo ha explicado que “otro de los sectores más reclamados es el sector bancario y de seguros, los consumidores se enfrentan a las entidades financieras y de seguros, principalmente por el cobro de comisiones excesivas, como es el caso de las comisiones por descubierto o de administración, la comercialización de productos de riesgo a clientes con un perfil inadecuado o la subida de las primas sin notificación previa”.

    “También ha aumentado el número de solicitudes de arbitraje en el ámbito del pequeño comercio, tanto en la compra de nuevos productos como en la reparación de los mismos como calzado, los muebles, los electrodomésticos, los automóviles o la confección, entre otros” ha concluido la delegada.

    Además, Barbero ha querido resaltar la labor de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, OMICs, y de los Puntos de Información al Consumidor,  PICs, de la provincia de Córdoba ya que son los cauces que utilizan los consumidores para presentar la solicitud de arbitraje, destacando que “el ciudadano opta por la cercanía, profesionalidad y asesoramiento de estos organismos, para tramitar y presentar la solicitud de arbitraje. De las 636 solicitudes registradas en el año 2016, 621 proceden de las OMICs y de los PICs, es decir, el 97,64 por ciento”.

    En cuanto al balance de la actividad de la Red Provincial PIC en el pasado año, se han registrado un total de 2.983 actuaciones. En 2016, se amplió el número de los Puntos de Información al Consumidor pasando de 28 a 31. La responsable del área ha explicado que “la Red Provincial de PIC tiene actuación en 51 municipios de la provincia. Por un lado, directamente en 31 municipios que cuentan con un PIC; e indirectamente, en 17 municipios, que podrán utilizar los servicios de esta red, acercándose al PIC más cercano”.

    De las 2.983 actuaciones, se han atendido 1.483 consultas; 821 reclamaciones; 788 mediaciones; y de los expedientes tramitados, se han derivado para resolverse a través del arbitraje un total de 231.

    El 81,63 por ciento de las actuaciones han sido presenciales y el perfil del consumidor corresponde a un adulto de edad comprendida entre los 35 y 55 años; un 54,67 % han sido hombres y un 44,38%, mujeres.

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